Desde el Partido Popular vamos a iniciar una ronda de reuniones con los vecinos, comerciantes y restauradores. Dichas actuaciones van a ser organizadas por Rocío Gómez, Secretaria General, y los Vicesecretarios de área, desde las cuales se emprenderán las acciones que se consideren necesarias para que la mejora de nuestro Frente Litoral no se paralice, pero al mismo tiempo no pierda su funcionalidad y el bienestar de nuestros conciudadanos.

_E9I6133 Foto Jesús_parking El CharcoA final de la legislatura pasada, cuando se iniciaron las obras de la fase 1 de “Regeneración de la fachada litoral de Altea”, financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente y que supusieron la eliminación de “El Charco”, se anunció por el anterior alcalde, Miguel Ortiz, el acuerdo al que se había llegado con Costas para realizar una segunda fase durante la actual legislatura. Este acuerdo constaba de la financiación por parte del Ministerio de la segunda fase de “Regeneración de la fachada litoral de Altea” desde la nueva playa hasta el puerto y la urbana, con financiación pública y privada, definida por la realización de dos aparcamientos subterráneos situados, uno en la zona de “El Charco”,  y otro en la zona del Paola, comunicados ambos por un vial subterráneo.

El Portavoz Popular ha insistido en que “ese proyecto cuenta con el apoyo de los ciudadanos y es nuestra obligación defenderlo a capa y espada, sin excusas”.

Como ha venido denunciando el PP alteano, las intenciones del gobierno de Jaume Llinares de eliminar el parking de “el Charco” y el tráfico rodado en el paseo Sant Pere, de espaldas en todo momento a los ciudadanos de Altea y sin contar con su opinión, sigue su curso.

Según Jesús Ballester, “el señor Llinares se ha cargado de un plumazo el parking proyectado para la zona del paseo marítimo sin alternativa real para los cientos de vecinos que utilizan a diario ese aparcamiento y sin contar con su opinión. Además elimina todo el aparcamiento y tráfico rodado en el Paseo Sant Pere, derivando todos los vehículos a la carretera nacional, lo que consideramos una locura”.

Para concluir, Ballester apostilló que “Desde el PP de Altea hemos mantenido reuniones con Diputados Nacionales y miembros del Ministerio para impulsar las obras de regeneración de la playa en su segunda fase porque lo consideramos indispensable y ya nos comprometimos a ello pero la propuesta del señor Llinares de eliminar todo el aparcamiento y tráfico del Paseo Sant Pere es un sinsentido propio de un alcalde que ha perdido el contacto con los alteanos y sus problemas”.

El alcalde Jaume Llinares vuelve a hacer el ridículo señalando al BOP como responsable de su ineptitud al no cumplir los plazos para la licitación del proyecto que elimina el parking de “El Charco”.

El pasado día 12 de enero, nos despertábamos con un artículo del periódico “Información”, en el cual, la responsable de urbanismo, Inma Orozco, culpaba al “retraso en la publicación del documento en el BOP” el motivo por el cual el Ayuntamiento de Altea tenía que desestimar el procedimiento por el cual se proponía licitar la parte de la obra terrestre (responsabilidad del consistorio alteano) que determina la eliminación del parking de “El Charco” y la peatonalización del Paseo Sant Pere.

En pocas horas, se emitió un comunicado por parte del Departamento que rige Adrian Ballester, Diputado Provincial responsable de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) donde queda negro sobre blanco lo siguiente:

Primero, que el acuerdo de Junta de Gobierno se realiza el 28 de Noviembre, como viene en el informe remitido por parte del Ayuntamiento.

Segundo, que en ningún momento se remite con carácter de urgencia por parte del equipo de gobierno del señor Llinares.

Tercero, que el pago de la inserción por parte del Ayuntamiento alteano, indispensable para su publicación en el BOP, se hizo el 5 de diciembre.

Cuarto, que la publicación tuvo lugar el día 11 de diciembre, es decir, cuatro días hábiles posteriores a su posible inserción.

Quinto, que el periodo legal según la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los BOP, contempla plazos de publicación de hasta 15 días hábiles, para los anuncios ordinarios, como es el caso, y 6 días para los urgentes.

Según Ballester, “este es el procedimiento habitual del señor Llinares y su equipo, mentiras sobre mentiras y difamación y echar las culpas a cualquier organismo con tal de ocultar su ineptitud.”.