Miguel Ortiz: “después de tantos años soportando críticas e insultos, por fin se sabrá la verdad”

El Grupo Municipal Popular presentaba el pasado jueves dos enmiendas al Pleno, una adicional y otra parcial a la resolución 2016-1490 por la que se propone ejercitar acciones judiciales contra el proceso de adjudicación y ejecución del Pabellón de Deportes Villa de Altea. El PP, en su enmienda adicional pide que se amplie el periodo de investigación desde el 2006 hasta el día de hoy. Además ha solicitado en la enmienda parcial que sean los servicios jurídicos municipales los que asuman la representación y defensa del Ayuntamiento y no un abogado externo contratado a tal efecto, como así ha decidido el Equipo de Gobierno.

Como ha defendido en el Pleno el concejal Popular, Miguel Ortiz, “con éste expediente el Sr. Llinares lo que está haciendo es puro teatro. Se ha pasado el primer año de mandato levantando alfombras, auditando todos los expedientes, buscando aspectos criticables a la gestión del PP y como no ha encontrado nada se ha remontado 10 años. Está engañando a los ciudadanos y a sus compañeros de Gobierno porque los hechos sobre la adjudicación y ejecución del Pabellón han sido investigados, enjuiciados y resueltos hasta en tres ocasiones por tres instancias distintas con el resultado de que la gestión del PP ha sido correcta y no hay indicio de delito alguno”.

“La verdad de todo esto es que, las negligencia del PSOE, apoyado por Compromís del 2007 al 2011 y ahora Compromís apoyado por PSOE y Altea amb Trellat, han causado un perjuicio real al Ayuntamiento de 3 millones y medio de euros”; ha añadido Ortiz, quien ha explicado que el PSOE perdió en 2009 una subvención de 600.000€ procedente de la Diputación por no aportar la documentación requerida en el convenio, como fueron las certificaciones 7 y 8. Además en el 2010 la empresa adjudicataria presenta un contencioso y el juez condena al Ayuntamiento a pagar 1.800.000€ por la pésima defensa que se hizo de los intereses municipales, ya que, a pesar de haber redactado un informe muy detallado demostrando que las modificaciones realizadas eran responsabilidad de la contratista, ni siquiera se citó a declarar a la arquitecta municipal. Finalmente, el actual Equipo de Gobierno, ha consensuado pagar 1.050.000€ al contratista de intereses, que se deben desde octubre del 2007, sabiendo que renunció a los mismos al incluirse en el Plan de Pagos a Proveedores.

Para el edil popular Miguel Ortiz, “la alfombra que el Sr. Llinares ha levantado 10 años después de la construcción del Pabellón, le puede caer en su cabeza porque han sido PSOE, Compromís y Altea amb Trellat, ahora, los que han causado un perjuício a los alteanos de tres millones y medio de euros”.

Por su parte, el Portavoz del Grupo Muncipal Popular, Pedro Barber, quien ha defendido el posicionamiento de voto en la Sesión Plenaria, ha reiterado la voluntad de su grupo de seguir adelante con la investigación, ampliándola de 2006 a 2016, de ahí la enmienda adicional. También ha explicado la conveniencia de que sean los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que defiendan el caso.

Pedro Barber ha puesto de relieve que “no parece apropiado celebrar un contrato para cada una de las actuaciones en defensa o asesoramiento jurídico del Ayuntamiento, máxime cuando todos ellos se adjudican al mismo abogado; como así viene sucediendo en lo que va de legislatura con el letrado Tomás Fernández Maside”.