ALTEADIARIO 22/12/2010

El periódico La Verdad publicó el pasado lunes, 20 de diciembre, que “una juez de Benidorm ha imputado al propietario de la empresa Covalencia, el constructor Vicente Viñoles, por pedir supuestos sobornos a unos representantes del Ayuntamiento de Oslo, con el fin de agilizar los permisos de un geriátrico que pretendían construir en Altea”. El periódico relata que “según fuentes cercanas al caso, Viñoles declaró ante la juez que instruye el caso que él fue un mero intermediario y que trasladó a los dirigentes noruegos la supuesta petición de dinero para «técnicos y políticos» del consistorio alteano, gobernado por el PSOE”.

Esta noticia abría la portada del lunes del periódico La Verdad, que además la recogía en su edición digital. La edición de Alicante del periódico Las Provincias también se hacía eco de dicha noticia.

Tal y como publicó La Verdad, “según la grabación aportada por la abogada de los noruegos, Viñoles les habría reclamado 220.000 euros para desbloquear la licencia de la residencia para mayores. En el juzgado, el promotor ratificó esta versión, aunque no aclaró qué políticos y técnicos en concreto iban a ser los beneficiarios de estas cantidades. Según explicó, a él le llegó la propuesta a través de un intermediario, su asesor fiscal, Marc González Marimón, que, además, fue alcalde de Burjassot por el PSOE en los inicios de la democracia. En su declaración, Viñoles relató que la proposición surgió cuando le explicó a su asesor los impedimentos que estaba poniendo el Ayuntamiento de Altea para dar la licencia de obras”.

El periódico sigue explicando que “fue entonces cuando supuestamente Marc González le preguntó de qué «color» era el consistorio, y el imputado le dijo que creía que el alcalde era del PSOE. A continuación, el asesor llamó «a un tal Pere», una persona que, al parecer, podía ayudarle. Al día siguiente, Marc González pasó por el despacho del imputado y le espetó: «Vicente, es un problema de 220.000 euros y los tienes que dar tú, como quieras, a plazos, dos o tres años». Siempre según la versión del promotor imputado, su asesor y ex alcalde de Burjassot le dijo que 200.000 euros eran para políticos y «otros 18.000 o 20.000 para técnicos». También le aseguró que si pagaba, tendría los permisos en 15 o 20 días”.

El periódico relata que, según explicó el promotor, “a él le llegó la propuesta a través de un intermediario, su asesor fiscal, Marc González Marimón, que, además, fue alcalde de Burjassot por el PSOE en los inicios de la democracia”

El periódico La Verdad asegura que “sin embargo, la Guardia Civil ya ha tomado declaración a González Marimón y niega rotundamente todas estas afirmaciones. El promotor imputado, en cambio, admite que transmitió esta propuesta a la abogada del Ayuntamiento de Oslo, y le sugirió incluso que podían hinchar las certificaciones de obra para sacar de ahí los sobornos y que los máximos responsables noruegos no se enteraran de estos peculiares ‘métodos’.”

La noticia continúa explicando que “Viñoles sostuvo que él se limitó «a transmitir algo que le habían solicitado», y que ni él ni su asesor iban a llevarse ninguna comisión. Además, declaró que cree que el «Pere» con el que habló González Marimón era un político. No obstante, dijo desconocer los destinatarios finales de esos 220.000 euros”.

Según La Verdad, “la juez que instruye este caso también ha tomado declaración como testigo a la letrada que grabó la conversación. Ella explicó que el proyecto del geriátrico comenzó en la última legislatura del PP, aunque, cuando el PSOE se hizo con la Alcaldía en 2007, también vio con buenos ojos esta iniciativa. Sin embargo, un par de meses después de pedir la licencia de obras, «el Ayuntamiento de Altea empezó a poner pegas» y trató de «boicotear» el proyecto. Cuando esta letrada comunicó al alcalde de Altea, Andrés Ripoll, que les habían solicitado el pago de 220.000 euros para seguir adelante, el regidor, según su versión, le contestó: «Si esto es lo que os han pedido, adelante». No obstante, después «se echó para atrás» y empezó a «divagar», según el testimonio de la abogada de los noruegos”.

La noticia explica que “la declaración del promotor podría dar un vuelco a la investigación, puesto que admite que el dinero que solicitó iba destinado a supuestos cargos públicos en el Ayuntamiento de Altea y esto podría constituir un delito de cohecho”.

Por último, el periódico destaca que “ante estas irregularidades, los representantes legales del Ayuntamiento de Oslo decidieron rescindir unilateralmente el contrato con Covalencia y denunciaron los hechos ante la Fiscalía, que, tras estudiar las pruebas, envió el caso al juzgado de Benidorm al apreciar indicios de delito. Aunque en un principio la causa se abrió por estafa, la declaración del promotor podría dar un vuelco a la investigación, puesto que admite que el dinero que solicitó iba destinado a supuestos cargos públicos en el Ayuntamiento de Altea y esto podría constituir un delito de cohecho”.Ad.