Archivos de octubre, 2007

24/10/2007

En la sesión plenaria celebrada hoy, 24 de octubre de 2007, y como contestación a la pregunta del Grupo Municipal Popular, el Alcalde de Altea, Andrés Ripoll, afirmó que el expediente de adjudicación de la contratación de la auditoría se había “perdido” y que lo están “reconstruyendo”.

El Partido Popular después de reiteradas solicitudes en Comisiones Informativas, sesiones Plenarias, ruedas de prensa, y finalmente la interposición de un Recurso de Reposición, en los que se demandaba poder estudiar el referido expediente a la vez que se denunciaba la falta de transparencia y el ocultismo del actual equipo de gobierno, con la advertencia de acudir a los tribunales, hoy nos hemos encontrado con que el propio Alcalde ha reconocido públicamente que no había cumplido con la obligación de enseñarnos el expediente a la vez que afirmaba que dicho expediente se ha “perdido”.

El Grupo Municipal Popular quiere recordar que la respuesta del gobierno socialista, ante las denuncias de ocultismo respecto al expediente de la contratación a dedo de la auditoría fue la de acusarnos de “mentir reiteradamente, pues, en cada reunión de las comisiones informativas y en cada pleno celebrado en agosto y septiembre, se le ha ofrecido al PP la posibilidad de estudiar y analizar el contrato de la auditoría en la Secretaría del Ayuntamiento, ante los funcionarios del departamento de contratación municipal e, incluso, yo me he ofrecido a darles por escrito todas las explicaciones sobre el tema”. (Declaraciones de Eloy Hidalgo, concejal de Hacienda, recogidas en diversos medios de comunicación, entre otros: Radio Altea 08/10/07 o Diario Información 09/10/07).

Varias semanas después de dichas acusaciones y tres meses después de la primera solicitud del expediente, nos encontramos con que el Alcalde ha dejado en evidencia a su concejal de Hacienda, al reconocer la falsedad de sus afirmaciones manifestando que el expediente se ha “perdido”. La supuesta pérdida del expediente no deja de ser tremendamente sospechosa y sólo puede ser calificada como de escándalo político si tenemos en cuenta las numerosas ocasiones en las que el PP públicamente ha insinuado las irregularidades en torno a esa contratación, en la que se ha adjudicado “a dedo” una auditoría por un coste de 65.000 euros, con el único objetivo de desacreditar la gestión económica del Partido Popular y justificar medidas como la subida de impuestos de los alteanos.

Ante la gravedad de los hechos, el Partido Popular exige explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades políticas necesarias.